Triste fama PDF Imprimir E-Mail
Por Alejandro Leal   
diciembre, 2006

La probabilidad de que un juez de las oficinas de inmigración en Atlanta otorgue asilo a un solicitante es mínima.
Hace dos años, el semanario Creative Loafing (donde ahora trabajo como productor online), publicó una crónica, escrita por Steve Fennessey, sobre el juez William Cassidy.

“En un lapso de casi cuatro años hasta el pasado octubre [2004], Cassidy consideró 593 casos de asilo y otorgó sólo 34. Muchos de esos casos eran de gente que quería escapar de algunos de los países más violentos del mundo. Por ejemplo, Cassidy recibió 29 casos de Liberia; otorgó ninguno. Recibió 16 del Congo; otorgó ninguno. Recibió 56 de Colombia; otorgó ninguno. Recibió 112 de China; otorgó uno”.

La suerte de Sasha Herrera se vería en las manos del juez William A. Cassidy.Cassidy entendió que la orden de deportación en contra de ella surgió a raíz de uno de los más grandes problemas de la burocracia que es inmigración.

Un individuo se hace pasar por un abogado o por alguien que tiene capacidad legal para asistir, o llenar, documentos de inmigración. En muchas ocasiones, ese individuo es un notario público, cargo que, en el estado de Georgia, se logra tras llenar una simple solicitud.

Un ejemplo, en el condado de Dekalb, los requisitos para ser notario público son:

-    La persona debe ser residente del condado de Dekalb.1
-    Debe conocer dos personas que residan en Dekalb y que puedan dar testimonio a favor del solicitante.
-    La solicitud tiene un costo de $30.

El individuo que llenó y envío la solicitud de asilo político de Sasha, Tomás Vilela, es notario, aunque no se sabe de qué condado. Durante una breve conversación telefónica que tuvo conmigo el mes pasado, Vilela se negó a dar declaraciones sobre el caso de Sasha pero sí admitió ser notario.

A raíz de la solicitud de asilo de Sasha, llenada erróneamente por Vilela, toda petición de cambio de status migratorio de ella se vería interrumpida. Por ende, inmigración otorgó una orden de deportación por un caso de asilo que Sasha no autorizó.
Sin embargo, por la naturaleza prolongada y tediosas de los procesos de inmigración, Sasha tenía que acudir a dicha orden, y por posibilidad de ser detenida indefinidamente, ella decidió esconderse.

La única posibilidad, según le informó su abogado, Charles Kuck, era someter una “moción” para reabrir el caso de asilo original, ya que su petición de residencia por matrimonio había sido cancelada.

Sasha tenía entendido que la probabilidad de que el juez aceptara reabrir el caso y otorgarle asilo era de un 25 por ciento.
Ante los reporteros congregados en los escalones del edificio Martin Luther King, Jr., hogar de las oficinas de inmigración de Atlanta, Sasha dijo sentir un poco de temor pero reiteró que esperaba que su nombre, y el de su esposo, el senador estatal Curt Thompson, quedara en limpio.

Frente el juez Cassidy, y con el apoyo de oficiales Federales, su orden de deportación fue retirada; ahora tendrá que acudir a una cita futura para eliminar el caso de asilo y seguir su petición de residencia.

“Basándonos en los hechos peculiares de este caso, decidimos no apelar la reapertura del caso de asilo”, dijo Terry Bird, abogado de  la oficina de Atlanta de inmigración y aduanas (ICE por sus siglas en inglés), al diario Atlanta Journal-Constitution.

Según el diario, el mismo juez dijo estar preocupado por que la deportación de Sasha, en caso de haber sucedido, hubiera sido gracias al mal manejo de su solicitud por parte de un “notario”.

El juez pidió que se investigara, y se buscara levantar cargos, en contra del notario.

La Ironía del SB529

Uno de los elementos más irónicos del caso de Sasha, y que pasó desapercibido, es la conexión que existe con la ley SB 529. Se podría decir que el único elemento “positivo” de la ley para la comunidad migratoria, es la inclusión del capítulo 20A, el cual trata específicamente la situación de Sasha.

Quienes busquen ofrecer asistencia en el campo de inmigración, podrán, entre otros servicios, hacer lo siguiente: completar formularios siempre y cuando el hacerlo no implique razonamiento legal; transcribir respuestas destinadas para el gobierno con tal de que la persona no dé asistencia en las respuestas; y referir el solicitante a un abogado, sin cobrar por hacerlo.

La ley delimita quienes pueden ofrecer asistencia legal migratoria (grupo que excluye notarios públicos) y especifica la multa y cargo (un “misdemeanor”, o delito menor) que se levantará a quien viole dicha cláusula de la ley.

Además, quienes deseen ofrecer dicha asistencia (no legal) migratoria, deberán exhibir un cartel que anuncie, en inglés y demás idiomas en que trabajen:

‘I AM NOT AN ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW AND MAY NOT GIVE LEGAL ADVICE OR ACCEPT FEES FOR LEGAL ADVICE.’

Y para quienes busquen ofrecer asistencia migratoria, que no sean abogados, y anuncien o pauten asistencia migratoria, deberán incluir en su papelería (tarjetas de presentación, encabezados, publicidades, etc.) el siguiente aviso, en inglés:

‘I AM NOT AN ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW AND MAY NOT GIVE LEGAL ADVICE OR ACCEPT FEES FOR LEGAL ADVICE.’

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Con Información del Atlanta Journal-Constitution y el semanario alternativo Creative Loafing Atlanta.

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Modificado el ( diciembre, 2006 )
 
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