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Por estos días, se ha venido debatiendo en el capitolio la
propuesta 529 sobre inmigración lanzada por el senador estatal Chip
Rogers (R-Woodstock).
“The Georgia Security and Immigration Act”, estructurada en su
presentación final alrededor del tema de los impuestos, busca reforzar
las leyes federales, para muchos como Rogers insuficientes, ante el
problema de la inmigración ilegal en el estado. Asunto que, como lo han
venido resaltando los que se oponen a la propuesta 529, es obligación
del gobierno federal.
La propuesta 529, lanzada y justificada bajo argumentos que alimentan
el miedo, la xenofobia y la hostilidad contra los latinos y que se
apoyan en el desconocimiento, de parte del común de gente que las
apoya, de la verdadera realidad del inmigrante, está siendo votada en
el capitolio con una alta probabilidad de ser aprobada.
Para Rogers, según declaraciones hechas a los medios en repetidas
ocasiones, la presencia de inmigrantes ilegales constituye una amenaza
no sólo para la economía del país sino para la seguridad física de los
habitantes de Georgia.
 Chip Rogers
Por un lado, como él lo manifiesta, si bien es cierto que la condición
del inmigrante ilegal es un rompimiento abierto de una ley específica
del país, lo que es un argumento legítimo, es absolutamente equivocado,
abusivo, irrespetuoso y ofencivo, para las diferentes comunidades cuyos
ciudadanos se encuentran en estas condiciones, concluir que ésto
necesariamente implique que todo inmigrante ilegal, por “definición
Rogers”, pueda ser puesto en condición de delincuente, y que por tanto,
represente una amenaza a la seguridad de los habitantes del estado.
La propuesta 529 en sí establece cinco puntos:
1. Prohíbe a los empleadores recibir beneficios en sus impuestos
estatales si contratan a trabajadores ilegales. Es decir, para poder
reclamar el salario de un trabajador como gastos de la empresa, el
empleador que pague más de 600 dólares al año a sus trabajadores,
tendría que facilitar pruebas del estatus legal del empleado. Las
empresas que participen en el sistema de verificación conocido como
“Basic Pilot Program”, estarían exentos.
2. Exige prueba de residencia legal a cualquier persona mayor de 18 años que desee acceder a beneficios públicos.
3. Exige que los contratistas públicos utilicen sólo trabajadores que
están en el país legalmente. Esta sección del proyecto no haría
responsable al contratista por un subcontratista que emplee a
inmigrantes ilegales.
4. Exige verificación del estatus legal de cualquier persona arrestada por cometer un crimen.
5. Establece condenas para el tráfico humano. Las penas van desde 15
hasta 25 años en prisión para cualquiera que de forma consciente
reclute ó transporte a alguien que esté forzado a trabajar. |
Contrario a la idea vendida por Rogers, los inmigrantes ilegales vienen
a este país a trabajar en busca de un futuro, principalmente económico,
que no encuentran en sus países (consecuencia en la mayoría de los
casos de sus funestos gobiernos, y también, de países como éste que
alimentan su poder y riqueza a costa de la pobreza y la miseria de los
demás) contribuyendo con su trabajo, no sólo a la superación de su
pequeño círculo, sino a la economía, y por tanto, al desarrollo de este
país.
En cuanto al supuesto panorama de la realidad de los ilegales expuesta
por Rogers, donde se les acusa de tomar empleos y dinero en beneficios
pagados por los ciudadanos del estado, tres puntos, que demuestran la
manipulación de las afirmaciones de parte del senador Chip Rogers,
deben ser tenidos en cuenta:
Primero, los empleos en donde se concentran la mayoría de los ilegales
se encuentran principalmente en dos campos: la agricultura y la
construcción, sectores para los que raramente aplican los americanos,
por lo que la mano de obra ilegal se hace indispensable, como lo
reconoció el senador Brian Kemp (R- Athens), postulado para Comisionado
de Agricultura este año, y quien encabezo una audiencia pública en días
pasados donde se analizaron diferentes aspectos de la propuesta 529.
Segundo, como lo explica el Senador Curt Thompson (D-Gwinnett),
actualmente existen leyes que impiden a las personas no residentes de
Georgia que reciban algún tipo de beneficio de parte del gobierno. Los
únicos servicios que les son otorgados a las personas que no califican
a ellos son los que ordena la ley federal, K-12 y servicios médicos de
emergencia.
Tercero, del que se ha hablado muy poco, y que muy seguramente
desconocen la mayoría de los americanos, son los impuestos pagados por
los inmigrantes ilegales bajo el número de identificación del impuestos
o TAX-ID, que representan un aporte concreto a la economía y al
funcionamiento del país, pero sobre todo, la voluntad de estas
personas, que pese a su situación irregular, están dispuestas –siempre
y cuando se les permita– a respetar, aportar e involucrase en la
dinamica del país.
Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos centrales del senador Rogers
bajo los que avaló la propuesta 529, pierden todo su peso, si es que
alguna vez lo tuvieron, y en ellos se descubre una actitud abiertamente
hostil en contra de los inmigrantes, no sólo los ilegales. Actitud que
alimenta el despropósito del que son capaces diferentes sectores y
grupos del país, cada día más extremistas y discriminatorios, y que se
ha convertido, en un fenómeno de discriminación social no sólo a nivel
nacional o estatal sino a nivel mundial.
Fenómeno que es una forma de
segregación social, ya no instaurada en términos de superioridad de una
raza sobre otra (racismo), sino que se estructura a apartir del
desprecio a un individuo por su nacionalidad, sus creencias o la
cultura a la que éste pertenece. Así las cosas, afirmaciones como estas
pronunciadas por el Senador Rogers: “it’s not about ethnicity or skin
color…”, se hacen aún más preocupantes y sospechosas. Entonces, si no
es ésto Senador Rogers :“what is it about?”
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